El 12 de abril de 2016, Uber comenzó a operar en la Argentina. Fiel a su filosofía mundial, la empresa creadora de la red social de transporte privado se establecó en el país a la fuerza, sin observar las leyes y provocando la resistencia de taxistas, sindicatos y gobiernos.
Tal y como sucedió en otras ciudades en donde Uber se instaló, se sucedieron luego y como era esperable, manifestaciones, marchas y hasta actos gremiales de sectores ligados especialmente a los taxistas, que vieron amenazadas sus fuentes de trabajo por un servicio -a priori- contrario al régimen vigente.
Un conductor de Uber Argentina fue condenado a dos días de arresto.
Casi en simultáneo, autoridades del Gobierno de la Ciudad se alinearon al reclamo, e iniciaron la persecución administrativa, tributaria y legal, pero sin mucho resultado, hasta hoy.
Es que, luego de varios intentos, un conductor que trabajaba para Uber fue condenado (e inhabilitado) por primera vez en la Argentina. La justicia dispuso dos días de arresto para el chófer “G.E.D.M.” por uso indebido del espacio público y ejercicio ilegítimo de una actividad, conforme lo dispuesto por el Código Contravencional de la Ciudad.
¿Los hechos? En un control de tránsito realizado el 22 de diciembre pasado, se constató que el acusado ejercía como conductor de Uber en su vehículo particular, un Renault Sandero. Y luego, en el juicio, el conductor reconoció haber recibido $4.361 (US$286) de Uber.
De todas maneras, el fiscal Martín Lapadú requirió -para que la condena quede en suspenso- que el imputado G.E.D.M. se comprometa a no utilizar nuevamente la aplicación.
Y dijo a los medios que “con esta primera condena a un chófer de Uber, que lo sanciona a penas de arresto e inhabilitación para conducir, queda afirmada en una sentencia condenatoria la ilicitud de las conductas de los chóferes de Uber”.
Todo esto sucede cuando hace apenas unos días, el 10 de abril, la misma justicia declaró ilegal a la aplicación y ordenó el bloqueo nacional de sus plataformas digitales, por lo que el fallo es una consecuencia razonable.
El fiscal requirió al condenado que no vuelva a utilizar la aplicación para dejar en suspenso la pena.
Por su parte, y ante lo sucedido, el director de Uber Argentina, Mariano Otero (a través de su abogado por temor a ser detenido) aseguró que “por presión de los taxistas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utiliza una figura contravencional que no es aplicable porque compara la actividad de Uber con la venta callejera” aunque reconoció que “hay cuestiones que necesitan regulación”.
Asimismo, agregó que “se está exigiendo licencia profesional a los chóferes y se les está haciendo pagar impuestos y un seguro” pero “la única solución es que se regule la actividad”.
¿Bajará los brazos Uber en Argentina? ¿No es viable un servicio del estilo si éste se ajusta a las leyes vigentes?
