Luego de que Google se uniera en 2015 a la coalición conocida como Reforma de Vigilancia del Gobierno, creada para garantizar la seguridad nacional y el derecho a la intimidad de los usuarios, los gigantes tecnológicos vuelven a juntarse a través de una carta abierta.
Apple, Google y Microsoft entre otros, nuevamente juntos
Tras la propuesta de ley de anti-cifrado impulsada y respaldada por la cuestionada dupla de senadores, Burr-Feinstein, la primera de las voces que se pronunció al respecto vino a través de un experto legal que describe al proyecto como inaplicable y perjudicial. Apple, por medio de la mencionada carta, expresó “es una idea bien intencionada pero inviable al mismo tiempo”.
El texto enviado a los dos senadores y en la cual la compañía dirigida por Tim Cook es miembro clave junto a Google, Dropbox, Facebook, Microsoft y Twitter, explica los motivos por los cuales la ley perjudicaría los intereses del pueblo de los EE.UU. y las empresas estadounidenses.
Las distintas compañías manifestaron su profunda preocupación en caso que la ley se haga efectiva ya que entienden que esto provocaría debilidad para protegernos ante personas que quieran causar daño físico y económico. Los gigantes de la industria creen que es primordial para la seguridad de todos evitar cualquier medida que ponga en jaque la vulnerabilidad de los sistemas de cifrado que poseen actualmente. El escrito también hace referencia a que la puesta en marcha de un software de anti-cifrado sería como construir “puertas traseras” creando oportunidades a personas maliciosas y la inserción de empresas no estadounidenses en la competencia de la industria tecnológica del país.
Aun no se conocen repercusiones ni respuesta por parte del gobierno en una disputa que sin lugar a duda, tiene importantes intereses de por medio.
A continuación el documento traducido de la coalición de Reforma de Vigilancia del Gobierno…
Estimado Presidente Burr y Vicepresidente Feinstein:
Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación acerca de las políticas bien intencionadas pero en última instancia impracticables alrededor del cifrado que debilitarían las mismas defensas que necesitamos para protegernos de las personas que quieren causar daño económico y físico. Creemos que es fundamental para la seguridad de la nación y la infraestructura tecnológica evitar acciones que crearán las vulnerabilidad de seguridad impuestos por las autoridades en nuestros sistemas de cifrado.
Como miembros de las empresas miembros cuyas innovaciones ayudan a impulsar el éxito y el crecimiento de la economía digital, entendemos la necesidad de proteger la integridad física de nuestros usuarios y la seguridad de su información más privada. Para servir a estos dos intereses, nos adherimos a dos principios básicos. En primer lugar, respondemos con rapidez para procesar solicitudes de emergencia y legales para los datos de las agencias gubernamentales. En segundo lugar, diseñamos nuestros sistemas y dispositivos para incluir una variedad de características de red y basadas en dispositivos, incluyendo pero no limitando a un fuerte cifrado. Hacemos estas cosas para proteger la seguridad digital de los usuarios en vista de las amenazas de los criminales y los gobiernos.
Cualquier requisito obligatorio de descifrado, como el que figura en el proyecto de ley, puede conducir a consecuencias no deseadas. El efecto de tal requisito obligará a las empresas a priorizar el acceso del gobierno sobre otras consideraciones, incluida la seguridad digital. Como resultado, en el diseño de productos o servicios, las empresas de tecnología podrían verse obligadas a tomar decisiones que creen oportunidades para la explotación por los malintencionados que tratan de dañar a nuestros clientes y a los que todos queremos parar. El proyecto de ley obligaría a los que proporcionan la comunicación y almacenamiento digital asegurar que los datos digitales se puedan obtener en forma “inteligible” por el gobierno, en cumplimiento de una orden judicial. Este mandato significaría que cuando una empresa o un usuario ha decidido utilizar algunas tecnologías de cifrado, estas tecnologías tendrán que ser construidas para permitir que un tercero tenga acceso potencialmente. Este acceso podría, a su vez, ser aprovechado por los malintencionados.
También es importante recordar que dicho mandato tecnológico no tiene en cuenta la naturaleza global de la tecnología actual. Por ejemplo, ningún requisito de accesibilidad puede limitarse a la aplicación de la ley de Estados Unidos; una vez que sea requerido por los EE.UU., otros gobiernos seguramente seguirán. Además, los EE.UU. no tienen el monopolio sobre estas medidas de seguridad. Una ley aprobada por el Congreso tratando de restringir el uso de medidas de seguridad de datos no impedirá su uso. Sólo servirá para empujar a los usuarios a empresas no estadounidenses, a su vez socavar la competitividad global de la industria de la tecnología en los EE.UU. y que resultará en más y más datos almacenados en otros países.
Estamos seguros que la policía tiene las autoridad legales, los recursos y la capacitación que necesita para resolver crímenes, prevenir el terrorismo, y proteger a la población. Sin embargo, esas cosas deben ser cuidadosamente equilibradas para preservar la seguridad de nuestros clientes y la información digital. Estamos listos y dispuestos a participar en un diálogo sobre cómo lograr ese equilibrio, pero seguimos preocupados por los esfuerzos para priorizar un tipo de seguridad sobre todas los demás de una manera que conduce a consecuencias negativas, no buscadas por la seguridad de nuestras redes y nuestros clientes.
