A partir de 2024, en los países de la Unión Europea comenzaron a regir estándares obligatorios que deben hacer que las tecnologías y servicios modernos sean más accesibles para las personas con discapacidad. Estas innovaciones son el resultado de una lucha prolongada de las organizaciones que defienden los derechos de estos ciudadanos por la igualdad de oportunidades en el entorno digital y fuera de línea. En el contexto de estos cambios, expertos y defensores de derechos humanos se preguntan si las nuevas normas realmente simplificarán la vida cotidiana de decenas de millones de europeos.
Índice
Por qué fue necesario un nuevo enfoque hacia la accesibilidad
En la Unión Europea viven aproximadamente 100 millones de personas que tienen alguna limitación de salud, según estimaciones de la Comisión Europea. Esta magnitud del problema se hizo especialmente visible en el contexto del rápido desarrollo de los servicios digitales y la difusión masiva de dispositivos que abren más oportunidades para la mayoría, pero a veces se convierten en una barrera para la minoría.
Y no se trata solo del uso de teléfonos inteligentes para navegar por la web o con fines de entretenimiento. Sin duda, los juegos móviles y las populares máquinas recreativas tienen éxito y ayudan a pasar un buen rato. Sin embargo, mucho más importante es la imposibilidad de utilizar plenamente los teléfonos para resolver diversas tareas cotidianas.
Muchas personas con discapacidad enfrentan dificultades al intentar usar un teléfono inteligente o realizar una operación bancaria en un terminal si el dispositivo no admite métodos alternativos de entrada o no vocaliza la información. Las obligaciones previamente vigentes para empresas y organismos estatales no cubrían una amplia gama de situaciones de la vida, y lograr mejoras requería recurrir a los tribunales o presentar quejas colectivas. A menudo, los casos de inaccesibilidad provocaban un amplio debate público y, a veces, se convertían en motivo de discusión a nivel de los parlamentos nacionales.
Qué dispositivos y servicios se convirtieron en objeto de los nuevos requisitos
Los cambios más notables afectaron a los teléfonos inteligentes, sitios web, cajeros automáticos, terminales de venta de billetes, sistemas de pago electrónico y números de servicios de emergencia. Por ejemplo, las máquinas expendedoras de billetes en las estaciones europeas ahora deben tener acompañamiento de voz para que una persona con discapacidad visual pueda comprar un billete de forma independiente. Por exigencia de la ley, la accesibilidad digital prevé que los servicios y aplicaciones funcionen con programas de lectura de pantalla y admitan configuraciones flexibles de fuentes, y la accesibilidad física exige que los terminales y dispositivos tengan una interfaz comprensible, botones grandes y avisos sonoros.
Un punto importante es que las nuevas reglas se aplican no solo a las estructuras estatales, sino también a las empresas privadas que prestan servicios a un público amplio. Ahora, los grandes bancos, operadores móviles o incluso los desarrolladores de aplicaciones de pago están obligados a tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad ya en la etapa de diseño del producto.
La siguiente pregunta importante es quién y cómo controlará el cumplimiento de las nuevas reglas
Las empresas y organizaciones estatales recibieron la obligación de verificar regularmente si sus productos y servicios cumplen con los nuevos estándares de accesibilidad. Por el incumplimiento de los requisitos están previstos multas: las sumas exactas se establecen a nivel de cada país, pero en general se trata de sanciones financieras significativas. Según la Comisión Europea, al momento de la entrada en vigor de la ley, solo el 25% de las empresas estaban completamente preparadas para cumplir con todos sus puntos.
Representantes del sector empresarial señalan que la adaptación a los estándares unificados, especialmente en áreas tan complejas como los sistemas de pago o la banca en línea, requiere tiempo y considerables gastos. Uno de los principales problemas es la necesidad de coordinar los detalles técnicos entre diferentes fabricantes y proveedores de servicios, para que el usuario final pueda estar seguro de la compatibilidad y la comodidad.
Cómo reaccionan los defensores de derechos humanos y expertos ante los cambios
Muchas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad reciben la nueva ley con cauteloso optimismo. Antoine Fobe, jefe del departamento de defensa de intereses de la Unión Europea de Ciegos, subrayó en una entrevista con Euractiv que los cambios son realmente importantes, especialmente para las personas con discapacidad visual, pero expresó su preocupación de que algunas empresas puedan limitarse al cumplimiento formal de los requisitos, sin cambiar la esencia de sus productos.
Alejandro Moledo, subdirector del Foro Europeo de la Discapacidad, declaró que la tarea más importante sigue siendo el control sobre la implementación real de la ley en la práctica, y no solo sobre su adopción en papel. Los defensores de derechos humanos esperaban un alcance más amplio: por ejemplo, la inclusión de un mayor número de dispositivos y la prueba obligatoria de accesibilidad de las nuevas tecnologías antes de salir al mercado. En la práctica, algunas categorías de servicios o dispositivos aún permanecen fuera de la regulación, lo que genera preguntas adicionales.
Ejemplo de la vida real: una persona con discapacidad visual, al llegar a una estación en Berlín, podrá comprar un billete de forma independiente con la ayuda de indicaciones de voz en la máquina expendedora. Sin embargo, al intentar pagar la compra a través de un nuevo terminal móvil, puede encontrarse con una interfaz inaccesible si el fabricante no tuvo en cuenta los requisitos.
Problemas y desafíos de la implementación de la ley a nivel local
La transposición de la ley es el proceso de convertirla de un acto paneuropeo en normas concretas de los sistemas jurídicos nacionales. Es precisamente en esta etapa donde surgen con mayor frecuencia las dificultades: cada país debe adaptar los requisitos generales teniendo en cuenta su base legislativa e infraestructura.
En 2024, la Comisión Europea presentó una demanda ante el Tribunal de la Unión Europea contra Bulgaria por no cumplir con la obligación de implementar el estándar EAA en la legislación nacional. Problemas similares surgieron en Alemania, Croacia, Países Bajos, Suecia, Eslovenia y Grecia; según Alejandro Moledo, estos países se enfrentaron a la necesidad de modificar ciertas disposiciones. Además de los obstáculos legales, los desarrolladores de servicios señalan dificultades técnicas: es especialmente difícil elaborar reglas universales para los sistemas de pago, que son utilizados diariamente por millones de personas, o integrar el soporte de funciones de accesibilidad en aplicaciones móviles.
Actualmente, algunas categorías específicas de dispositivos y servicios especializados permanecen fuera del ámbito de regulación. Esto puede crear desigualdad en la accesibilidad para diferentes grupos de personas con discapacidad y requiere una discusión adicional.
Qué perspectivas se abren para la inclusión europea
En un futuro próximo, la Comisión Europea planea endurecer el control sobre el cumplimiento de los nuevos estándares y ampliar la lista de áreas para las que los requisitos de accesibilidad serán obligatorios. En junio de 2024, el comité especializado del Parlamento Europeo apoyó el informe del diputado Giorgos Georgiou, en el que se propone fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad y garantizarles un acceso más amplio a las tecnologías modernas.
Existen leyes similares en algunos países de América del Norte y Australia, sin embargo, el enfoque de la Unión Europea se distingue por su escala y el grado de detalle de los requisitos obligatorios. Esto despierta el interés de los observadores internacionales, pero también plantea ante las autoridades europeas la necesidad de un control constante y la actualización de los estándares.
¿Será la nueva ley ese punto de inflexión que permitirá a millones de europeos obtener igualdad de acceso a los servicios digitales y fuera de línea? ¿Se logrará que la accesibilidad deje de ser una excepción y se convierta en la norma para toda la sociedad? Estas preguntas siguen abiertas y requieren un debate activo para que los cambios realmente reflejen las necesidades de cada uno.
