Ley de Vigilancia en el Reino Unido crea polémica con las Implicaciones para la Tecnología y la Privacidad.
El gobierno del Reino Unido ha propuesto nuevos poderes de vigilancia que han generado gran controversia en el sector tecnológico.
Las empresas tecnológicas advierten sobre el impacto que estos poderes tendrían en la privacidad de los usuarios y la seguridad de la información.
Esta es una mirada más profunda a la ley de vigilancia en el Reino Unido y por qué las grandes empresas de tecnología se oponen tan firmemente.
Índice
Antecedentes de la Ley de Poderes de Investigación
La idea de facilitar la vigilancia gubernamental de las comunicaciones electrónicas se remonta al menos a 2006 en el Reino Unido.
Finalmente, en 2016, muchos de estos poderes se otorgaron en la Ley de Poderes de Investigación (IPA, por sus siglas en inglés).
La IPA permitió al gobierno emitir órdenes a las empresas de tecnología para debilitar el cifrado mediante la construcción de “puertas traseras” en sus productos.
Apple se opuso firmemente a esto en ese momento, argumentando que socavaría gravemente la seguridad y privacidad de los usuarios.
Otros aspectos polémicos de la IPA fueron la recopilación masiva de datos de comunicaciones y nuevos poderes de hackeo.
Grupos de derechos civiles advirtieron que la ley otorgaba al gobierno un alcance de vigilancia sin precedentes.
Poderes de Ley vigilancia Reino Unido
Ahora, el gobierno del Reino Unido busca agregar nuevos poderes aún más controvertidos a la IPA. Estos incluyen la capacidad de:
– Prohibir que las empresas publiquen actualizaciones de seguridad si los servicios de inteligencia están explotando vulnerabilidades de seguridad conocidas. Esto permitiría al gobierno hackear dispositivos vulnerables.
– Obligar a las empresas a cumplir con órdenes de vigilancia incluso si violan leyes de privacidad de otros países.
– Exigir que las empresas eliminen el cifrado para cumplir con órdenes de vigilancia.
– Ampliar los poderes de hacking del gobierno para acceder a una gama más amplia de dispositivos.
Estos cambios propuestos han generado una fuerte reacción negativa de la industria tecnológica y los grupos de derechos digitales.
Por ejemplo, el año pasado Apple describió las propuestas como una “amenaza grave y directa a la seguridad de los datos y la privacidad”.
Preocupaciones de la Industria Tecnológica
Los nuevos poderes propuestos en la IPA han generado una fuerte oposición en la industria tecnológica. Los principales argumentos en contra son:
– Los cambios debilitarían gravemente la seguridad y la privacidad de los usuarios al prohibir parches de seguridad e imponer backdoors.
– Obligarían a las empresas a elegir entre cumplir con el gobierno del Reino Unido o las leyes de privacidad de la UE y otros países, creando un conflicto legal.
– Harían del Reino Unido un lugar menos atractivo para los negocios tecnológicos, perjudicando la economía digital.
– Sientan un peligroso precedente global para la vigilancia gubernamental sin restricciones.
Recientemente, el grupo comercial techUK, que incluye a Apple, Google, Amazon y otras importantes tecnológicas, envió una carta al gobierno británico pidiendo una reunión urgente sobre los cambios propuestos a la IPA.
Advirtieron que los poderes extraterritoriales propuestos crearían un “riesgo legal inmitigable”.
Opositores Destacados
Entre las empresas tecnológicas que más firmemente se han opuesto a la expansión de poderes de la IPA se encuentran Apple, Google, Facebook y Microsoft.
Tim Cook de Apple dijo que la compañía “no cedería” en su defensa del cifrado fuerte frente a las demandas gubernamentales.
Entretanto, Google afirmó que los cambios propuestos equipararían la seguridad informática en el Reino Unido con regímenes autoritarios.
Los grupos de derechos digitales como Privacy International y Open Rights Group también han hecho campaña enérgicamente contra la ley de vigilancia, argumentando que crearía un estado de vigilancia tipo “Gran Hermano”.
El Debate Continúa por Ley vigilancia Reino Unido
El debate sobre los poderes de vigilancia en el Reino Unido está lejos de terminar. Por un lado, el gobierno argumenta que se necesitan más herramientas para combatir el crimen grave, el terrorismo y la explotación infantil en línea.
Por otro lado, la industria tecnológica advierte sobre los peligros para la privacidad, la seguridad y las libertades civiles.
Queda por ver cómo se equilibrarán estos intereses competitivos. Pero está claro que las grandes empresas de tecnología seguirán oponiéndose firmemente a cualquier medida que consideren una amenaza para la seguridad de los usuarios y un exceso del alcance estatal.
Es probable que el debate sobre la Ley de Poderes de Investigación se prolongue durante años, a medida que el gobierno del Reino Unido busque expandir sus capacidades de vigilancia digital. La batalla entre la seguridad nacional y los derechos individuales está lejos de resolverse.
