Tiene media sanción. Se trata de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Argentina (con el oficialista Senador Pinedo a la cabeza) que busca proteger -o evitarles la responsabilidad- a los proveedores de Internet, como Google, Yahoo, Facebook y Apple, entre otros, por los contenidos que se publican a través de los servicios que prestan.
Ante esto, recordemos que hace apenas dos años, la mismísima Corte Suprema de Justicia tuvo que resolver en el extenso -y tal vez contradictorio- “Caso Belén Rodriguez”, donde una modelo se agraviaba porque, en los resultados de Google, se vinculaba a su nombre con páginas de contenido pornográfico y oferta sexual. La sentencia, aunque con votación dividida, fue favorable a los buscadores, a quienes no se les aplicó responsabilidad alguna, salvo previa notificación de contenido dañino.
Este proyecto de ley apunta en ese sentido, y es prioridad para la agenda legislativa del próximo mes de Marzo, por lo que podría ver la luz muy pronto. ¿Los argumentos? No se saben en extenso por el apurado trámite que tuvo en la Cámara de Senadores, pero pareciera sustentarse en entender a los proveedores de Internet, y en particular a los buscadores, como si se tratara de bibliotecas o archivos, en donde el que procesa los datos es quien introduce la búsqueda y no el mismo motor algorítmico.
El fallo Belén Rodriguez siempre dejó intranquilas a las grandes tecnológicas con negocios en nuestro país. Porque, más allá de serles favorable, fue votado por jueces que ya no componen al máximo Tribunal, y por ello bien podría volverse atrás en el criterio jurídico.
Con esta ley, los proveedores de Internet nunca serán responsables por el contenido que muestran en la Argentina.
Lo que, a mi manera de ver, sería lo más acertado. Mientras el mundo discute cómo darle sitio en Internet al derecho al olvido, al derecho a la intimidad, al derecho a la imagen; aquí debatimos cómo proteger a los que dicen cómo debe comportarse la Web. Un disparate.
Tal vez la explicación esté en quién presenta el proyecto. Lamentablemente, el experimentado Senador, artífice de tantas otras medidas sí provechosas, en este caso parece inclinarse hacia el lado empresarial. Quizá por su pasado laboral, en el que cumplió funciones en compañias de la talla de Telefónica.
Pero resulta sorprendente cómo, por unanimidad y sin debate opositor de por medio, se aprobó este proyecto en la Cámara que preside a una velocidad casi sin precedentes. Es más, muchos opositores se enteraron del proyecto luego de la votación. Lo que resulta incomprensible.
Hay una realidad. Aquí se mueven intereses de grandes como Google y Facebook, incluso con presencia física en nuestro país. Por lo que sería lógico, que muevan su “poder” para lograr este tipo de medidas.
Además, las redes sociales -en particular, Twitter- son la principal herramienta de comunicación de este Gobierno, incluso desde la campaña presidencial. Lo que queda demostrado con su posicionamiento, desde la llegada al poder de esta gestión, especialmente en cuanto a publicidad oficial de cara a las elecciones de este año.
En definitiva, esta ley es una mala noticia. Para los usuarios, para los que no lo son. Para todos. Esta ley es un atropello contra las libertades reconocidas en el mundo “real”, y que también deben serlo en la Red de redes.
Los proveedores de Internet nunca serán responsables por el contenido que muestran, por lo que si hay algo que daña tu ser, tu imagen, tu intimidad, estás solo. Rogá que no se haga viral, rezá para la gente se apiade y no lo comparta, porque luego ya no habrá forma de pararlo.
