Airbnb no posee inmuebles, Facebook no crea contenidos, Netflix no usa cables, Uber no posee vehículos y WhatsApp no utiliza antenas. Es la desmaterialización total de la economía, y esto tiene un impacto directo en el financiamiento de los países, que desde hace años muestran sus intenciones de crear una “tasa GAFA”, especialmente dirigida a empresas tecnológicas, como Google y Apple, pero aún sin resultados.

Es que, según informe de la propia Comisión Europea, las empresas “convencionales” pagan a nivel comunitario un 23,5% de impuestos en promedio, mientras que las prestadoras de servicios digitales apenas llegan al 9,5%.

Sin embargo, los años pasan y la popularmente conocida como “tasa Google” o “tasa GAFA” (por Google, Apple, Facebook y Amazon), no llega. ¿Qué es lo que sucede?

Si bien las grandes potencias europeas parecen coincidir en la necesidad de dicho impuesto, y hasta prevén recaudar sumas que superan los 1.000 millones de euros anuales, no logran ponerse de acuerdo en el cuándo y en el cómo.

La tasa GAFA es impulsada por Francia, Alemania, Austria, Reino Unido y España desde hace años (son los más perjudicados). En la vereda de enfrente se encuentran países como Irlanda, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo, que históricamente atrajeron a las tecnológicas mediante rebaja de impuestos, por lo que la discusión se encuentra sistemáticamente en una calle sin salida.

La UE pospuso el tratamiento de la tasa GAFA hasta 2021…

Con este panorama, y toda vez que la creación de dicho impuesto requiere el acuerdo unánime de todos los Estados miembros, la UE no tuvo más remedio que desestimar el impuesto a los servicios digitales (así también a su versión más reducida) y posponer su debate hasta 2021. Por lo que todo indicaría que el impuesto a los servicios digitales llegará con distintos formatos según el país que se trate.

Francia, apurado por las elecciones de este año, incluso ha querido impulsar un acuerdo con formato temporal, margen de dos años y hasta eliminando ciertas actividades, sin embargo no ha logrado que ninguna de estas propuestas sea aceptada por todos los miembros, quedando cada país librado a su criterio.

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La próxima institución que podría abordar el tema este mismo año es la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

La postura actual de cada país

España tiene lista su propia tasa Google desde fines de 2018, y con amplio apoyo político (se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado en enero de 2019).

Sin embargo, con el reciente (¿e inesperado?) cambio de gobierno, es más que probable su postergación (necesita mayoría parlamentaria), ya que la oposición teme ahora perjudicar a la competitividad del país por no contar con el apoyo de la UE ni de la OCDE. En definitiva, una postura que siempre estuvo presente en el debate, pero que habría ganado terreno a su vez “porque Alemania se ha salido”, según el portavoz de Ciudadanos (oposición del PSOE, partido gobernante).

Es que Alemania le dio la estocada final al proyecto europeo al ponerlo en duda por sus efectos geopolíticos. Si bien fue uno de los países impulsores, luego tomó una tibia posición ante las amenazas comerciales de Trump (véase que las empresas tecnológicas son, en su mayoría, estadounidenses), lo que podría afectar severamente a la industria automotriz de ese país.

España tiene lista su propia tasa GAFA desde fines de 2018, sin embargo es más que probable su postergación…

Francia, por su parte, se muestra actualmente como el más adelantado en implementar su propia tasa GAFA (se aprobó a fines de 2018), y espera recaudar este mismo año cerca de 500 millones de euros. De todas maneras, no deja de recibir presiones por parte de la diplomacia de los Estados Unidos.

Tanto Trump, como Mike Pompeo y Clete Willems (ex director del Consejo Económico), han manifestado estar “extremadamente decepcionados con el Gobierno francés por haber introducido un impuesto digital unilateral”.

Con todo, Austria y Reino Unido se vieron también en la necesidad de anunciar sus propios impuestos a los servicios digitales (Italia aún trabaja su proyecto de ley). Sin embargo, mientras los primeros pretenden gravar con un 5% los ingresos publicitarios desde este mismo año, los segundos buscan excluir aún a la venta de datos y recaudar el tributo recién desde abril de 2020.

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